Nos defendió a todas

Mi conexión con Linda Loaiza y su lucha fue instantánea, su fortaleza me costó un poco entenderla, ella es una sobreviviente, el 27 de marzo de 2001 cuando apenas tenía 18 años fue secuestrada por Luis Carrera Almoina, conocido como el “Monstruo de Los Palos Grandes”, estuvo en cautiverio por casi cuatro meses, su agresor la sometió a las formas más atroces de violencia física, psicológica y sexual, la torturó y sodomizó mientras permanecía amarrada, privada de alimentos e indefensa.

El 19 de julio de 2001 cuando es rescatada de ese infierno por las autoridades, tenía anemia severa y pesaba 32 kg, la vi en la tv, me impresionó mucho, la imagen era dantesca, requirió un año hospitalización, tratamientos psicológicos y psiquiátricos, quince cirugías complejas, reconstrucción de labios, nariz, pabellón auricular y vaginal. No tengo palabras para describir lo que percibí a través de la pantalla, recuerdo que pensé “pude ser yo”, recién había entrado en la universidad y teníamos la misma edad. Desde entonces la tengo presente, porque a través de su lucha ha logrado visibilizar no sólo su historia, sino la forma tan lamentable en que son procesados los casos de violencia de género.  

La historia sería otra si los funcionarios de turno de la extinta Policía Técnica Judicial (PTJ) hubieran tomado la denuncia de Ana Secilia, ella intentó denunciar la desaparición de su hermana en seis oportunidades, aportando datos significativos como el nombre y el número de teléfono del agresor, pero los “funcionarios” no la atendieron oportunamente, no la tomaron en serio, alegaron que Linda y su agresor seguramente eran pareja y que lo mejor era esperar, tuvieron que pasar dos meses y medio desde el secuestro para que recibieran la denuncia.

Lo que Linda sufrió no lo debería vivir ninguna persona, el trauma no acabó tras su rescate, durante el transcurso de la investigación fue revictimizada en un proceso judicial que estuvo lleno de estereotipos de género, irregularidades y destrucción de evidencia. Permitieron que el debate se centrara en su vida privada con base en especulaciones, a ella le tocó vivir la orfandad jurídica que lastimosamente viven millones de mujeres víctimas de violencia de género en el mundo, en este caso 59 jueces se inhibieron y 38 audiencias fueron diferidas, fue escandaloso el retardo procesal.

En un caso con tanta brutalidad y saña comprobada contra una mujer, se notó la insensibilización y falta de capacitación de los funcionarios responsables de garantizar los derechos humanos, representantes del sistema de justicia mostraron con total descaro su interés en proteger al agresor, por ser hijo de Gustavo Luis Carrera Almoina Damas, (ex rector de la Universidad Nacional Abierta), una reconocida figura pública que no solo colaboró en la comisión de este crimen atroz, sino que con su poder e influencias logró burlar la justicia.

A pesar que la fiscalía imputó varios delitos, homicidio calificado en grado de frustración, violación, lesiones gravísimas y privación ilegítima de libertad, no hubo una sentencia razonable ni justa, el juez que estuvo a cargo invisibilizó los actos de violencia sexual y tortura que sufrió Linda, le pareció suficiente darle al agresor un par de años en libertad condicional y absolverlo en el primer juicio, para finalmente “condenarlo” con una sentencia absurda de seis años y un mes.

“Quiero justicia” fueron las palabras de Linda cuando acudió a la audiencia preliminar (diferida) en el Palacio de Justicia de Caracas y hoy se mantienen vigentes. A pesar que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) reabrió el caso en diciembre de 2016 al anular la absolución por violación para Carrera Almoina, Linda y su familia, una vez agotada la instancia nacional y ante la necesidad de reparación y de justicia, decidieron recurrir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en la cual denunció la responsabilidad del Estado Venezolano por falta de diligencias para investigar y sancionar adecuada y proporcionalmente la extrema violencia de la que fue víctima.

Linda Loaiza
Linda Loaiza en la Corte Interamericana de Derechos Humanos

El pasado 16 de noviembre de 2018, en San José, Costa Rica se conoció la sentencia de la CIDH, en la cual encontró al Estado de Venezuela responsable por una serie de negligencias y violaciones de derechos, por los hechos de tortura y violencia sexual sufridos por Linda, todo ello en violación de varias disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, la sentencia de la Corte especifica que Venezuela violó los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, integridad personal, prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, prohibición de la esclavitud, libertad personal, garantías judiciales, dignidad, autonomía y vida privada, circulación y residencia, igualdad ante la ley y protección judicial. Además, establece que incumplió con las obligaciones derivadas de artículos de varias convenciones internacionales y declara la responsabilidad del Estado por la vulneración del derecho a la integridad personal de la familia López Soto, en el siguiente link pueden leer la sentencia completa (Fondo, Reparaciones y Costas) http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_362_esp.pdf

La decisión de la CIDH en el caso de Linda Loaiza es fundamental para fortalecer el proceso de transformación del sistema legal en américa latina, por ser el primer caso de violencia de género que sanciona a un Estado por delitos cometidos por un particular, sentó un precedente, pasó a ser jurisprudencia de la Corte, como son los casos de otras víctimas de violación de los derechos humanos, María Penha (Brasil), Jessica Lenahan (EEUU) y Espinoza Gonzáles (Perú), mujeres sobrevivientes que han contribuido significativamente al desarrollo de la protección de los derechos de las mujeres.   

La sentencia de la CIDH fue cuestionada, si era o no vinculante, porque el 10 de septiembre de 2012 Venezuela denunció la Convención Americana y se hizo efectiva al año siguiente; sin embargo, los hechos analizados por esta Corte corresponden al 2001, por lo que el Estado de Venezuela seguía siendo parte de la CIDH; en lo sucesivo al 2013 otras personas no podrán acudir a esta instancia.

En Venezuela la violencia contra la mujer no ha sido prevenida, investigada y erradicada eficazmente, no es que haya leyes discriminatorias para la mujer, el problema que tenemos es un exceso de leyes que no se aplican y la no aplicación se entiende como una discriminación a la mujer, pero no significa que no esté en la letra la igualdad y equidad para las mujeres.

Cuando entró en vigencia la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia (hace 11 años) las mujeres nos llenamos de esperanzas, porque contemplaba  prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones, de hecho, incorporó 19 tipos de violencia, psicológica, física, sexual, laboral, obstétrica, mediática e institucional, en su espíritu es una ley progresista, pero prácticamente se ha convertido en letra muerta, porque no se aplica, aún esa Ley no tiene su Reglamento.

Ni una más
Ni una más, ni una menos, ni nadie más.

Lamentablemente en pleno siglo XXI seguimos cargando el lastre de la violencia de género, ser víctima de violencia es un hecho cultural, es un hecho aprendido y como es aprendido podemos progresivamente lograr su erradicación, pero para ello debemos esforzarnos más como sociedad, la formación familiar y escolar es fundamental y tarea de todos. El derecho que tenemos a la vida libre de violencia no se negocia, no olvidemos jamás que Linda Loaiza nos defendió a todas durante estos largos 17 años, valoremos su esfuerzo y el de otras sobrevivientes que a pesar de los riesgos, defienden los derechos de todas, denunciemos al agresor y no descansemos hasta conseguir justicia.

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